La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural aprobará este mes una nueva convocatoria de ayudas a inversiones en explotaciones que se ajustará presupuestariamente el año que viene a las necesidades de las solicitudes que se presenten.

Así lo ha asegurado el consejero del ramo, Jesús Julio Carnero, en su comparecencia en las Cortes para explicar los pormenores del proyecto de presupuestos de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural para 2021 que contempla 42,21 millones de euros para acciones estructurales en explotaciones de los que 17,2 millones son para inversiones en explotaciones agrarias con el objetivo de incrementar los activos físicos de las unidades productivas.

En este punto, ha informado de que en lo que va de legislatura se han modernizado 966 explotaciones, el 21 por ciento del compromiso, desde el convencimiento de que la cifra se duplicará en 2021.

Por otro lado, ha anunciado un incremento del 19,6 por ciento hasta los 7,99 millones la dotación específica para garantías en préstamos a través del Instrumento Financiero para inversiones en explotaciones para «facilitar aún más» las inversiones en los proyectos con ayudas y sin ayudas de modernización.

Según ha informado, con este instrumento financiero de la Consejería se ha conseguido apoyar «en apenas dos años» un total de 298 proyectos de inversiones en explotaciones agrarias por valor de 61,8 millones de euros. En este punto, ha abogado también por incorporar asesoramiento a las explotaciones para lo que en 2021 se destinarán 2,5 millones.

Por su parte, la política de apoyo a prácticas agrarias compatibles con el medio ambiente y a zonas con limitaciones naturales contará en 2021 con 73,1 millones, un 1,5 por ciento más. Una de las novedades de 2021 es que se convocarán ayudas dirigidas a explotaciones con limitaciones naturales distintas a las de montaña que irán destinadas a unas 18.000 explotaciones y a las que se destinarán 16 millones de euros.

«La situación de la pandemia COVID, que ha afectado también a muchos sectores, desde el punto de la comercialización, nos ha llevado a incorporar esta línea el año 2021», ha explicado el consejero.

Carnero ha confirmado que la partida de seguros agrarios se incrementará un 36 por ciento hasta alcanzar los 10,60 millones de euros, y ha reivindicado a este respecto que en el primer presupuesto se habrá superado el compromiso de toda la legislatura para la que prevé aprobar un ‘Plan de incorporación y fidelización a la contratación de seguros agrarios’.

«Estamos convencidos que los jóvenes agricultores que se incorporen a la actividad tienen que capitanear la suscripción de inclemencias, sucesos y enfermedades que puedan poner en entredicho su trabajo y la rentabilidad de sus explotaciones», ha manifestado para precisar que el anunciado Plan Agricultura y Ganadería Joven para 2021 incluirá distintas medidas para los jóvenes agricultores que contarán con una mayor subvención.

También ha anunciado que se va a prorrogar un año más, hasta el 31 de diciembre de 2021, la línea del Instrumento Financiero, para cubrir las necesidades de circulante hasta 200.000 euros, una línea que se sacó para paliar los efectos de la pandemia de la COVID, y que proseguirá para inyectar liquidez.

Otros de los «hitos» para 2021 de la Consejería de Agricultura contemplan la aprobación de sendos decretos para potenciar los canales cortos de comercialización mediante la venta de cercanía, con aspiración de ser más ambiciosos que la norma estatal, y el de Mercados de productos agrarios en origen y mesas de precios de Castilla y León con la intención además de que algunos de ellos sean de referencia nacional.

Carnero se ha mostrado convencido de que potenciar los canales cortos de comercialización mediante la venta de cercanía es la alternativa para movilizar y valorar el potencial económico de la agricultura local y para reforzar los vínculos entre agricultores y consumidores.

A esto ha añadido que se presenta como una oportunidad para la mujer rural, «cuyo papel es prioritario y estratégico en las empresas familiares y por tanto en la capacidad de fijar población en el medio rural, contribuyendo así a una economía sostenible integrada en el territorio y responsable social y medioambientalmente, aumentando en definitiva la competitividad de las explotaciones agropecuarias».