Como es conocido en Bruselas se debaten los reglamentos, cuyo objetivo de la propuesta para la nueva PAC 2021-2027 es que sea aprobada en 2020 y que cada Estado de la Unión tenga dos años de margen para aprobar sus planes estratégicos, de modo que la “nueva PAC” entraría en vigor en el año 2022.

Pero en este contexto hay un serio temor a una desaceleración económica más profunda de lo previsto y a una salida sin acuerdo del Reino Unido que agravaría la mencionada desaceleración. Una situación de esta naturaleza tendría un efecto directo e inmediato en los fondos de la PAC, que ya recogen un recorte importante de los mismos.

En efecto el tema del Brexit, que ya pesaba mucho sobre la economía por la mera incertidumbre de la negociación en curso, ahora amenaza con materializarse de la peor forma posible, sin un acuerdo de salida, algo que según el Banco Central Europeo podría generar una sinificativa mayor ralentización de la economía europea.

La propuesta que está sobre la mesa actualmente fija que un 60 por 100 del dinero que aporte cada Estado debe llegar de manera directa al agricultor; un 20 por 100 estará destinado a los que cumplan una serie de medidas medioambientales; los pagos acoplados supondrán el 10 por 100 y para los jóvenes se destinará un 2 por 100.

Hace un par de semanas los ministros de Economía y Finanza del área de la moneda única, el denominado Eurogrupo, reunidos en Bucarest, retomaron el complejo debate sobre este modelo de aportación dineraria de los distintos Estados Miembros después de que los líderes europeos acordasen en diciembre ponerlo en marcha con dos fines: mejorar la competitividad y reducir las diferencias económicas entre los países del euro.

Esta cuestión, que hace menos de un año parecía impensable, cobra relevancia en un momento de ralentización del crecimiento, con grandes economías del euro en recesión (caso de Italia) o al borde de ella (caso de Alemania) y con un aumento de las tensiones comerciales globales.

Por su parte nuestra ministra de Economía, doña Nadia Calviño, dejaba claro esta semana que “nuestra decisión con respecto a realizar contribuciones adicionales dependerá de que este instrumento tenga un valor añadido, una capacidad de estabilización adicional a los presupuestos nacionales” (lo que contradice en gran medida lo que dijo el ministro de Agricultura, don Luís Planas, hace unos pocos meses).